La mañana del 28 de abril muchos organismos, públicos y privados, dejaron de funcionar hasta que se recuperó el suministro eléctrico. No así el Notariado. La mayoría de las notarías permanecieron abiertas atendiendo a los ciudadanos en la medida de lo posible. El protocolo en papel, denostado por algunos, fue un factor clave, demostrando que fue un acierto que la Ley 11/2023 apostara por su coexistencia junto con el digital.

Igualmente fue clave nuestro Centro Tecnológico, que mantuvo en todo momento funcionando los servicios centrales de la corporación notarial: no hubo apagón informático, ya que los sistemas de respaldo proporcionaron servicio ininterrumpido, lo que permitió a las notarías de las áreas no afectadas trabajar con normalidad. Además, conforme se fue restableciendo el suministro eléctrico la mayoría de las notarías volvieron a prestar sus servicios sin problemas.

No ocurrió lo mismo con los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles, que permanecieron cerrados el 28 y 29 de abril —sin que se nos diera explicación alguna— por orden de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, demostrando, una vez más, su debilidad tecnológica y obligándonos a aplazar las firmas que requerían de notas registrales.

Lo ocurrido estos días nos confirma el acierto que fue la creación de un centro tecnológico propio hace ya más de 20 años. La realidad muestra el elevado grado de desarrollo que hemos alcanzado y la seguridad que podemos ofrecer, jurídica y técnica, no solo a nuestros conciudadanos, sino también a la Administración pública.

La entrada en vigor de la Ley 11/2023 puso de manifiesto nuestra fortaleza tecnológica y, desgraciadamente, sucesos como el ocurrido el 28 de abril vuelven a poner en evidencia el acierto de esta decisión y la necesidad de seguir por el mismo camino.